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Sin datos oficiales sobre la población trans en Brasil, iniciativas civiles intentan traducir la realidad
Una encuesta de la Asociación Nacional de Transexuales y Travestis (Antra), catalogó al menos 131 asesinatos de personas trans y travestis, y otros 20 casos de suicidio en Brasil en 2022. Es un número levemente menor al registrado el año anterior, que contabilizó 140 muertes. La encuesta de publicó en enero de este año, en el Mes de la Visibilidad Trans, en un evento del Ministerio de Derechos Humanos e Ciudadanía.
En su documento, Antra explica que la investigación usa datos obtenidos a través de fuentes gubernamentales, órganos de seguridad pública, procesos judiciales y casos vinculados en los medios, además de informaciones de instituciones de derechos humanos, redes sociales y relatos de testigos.
Sin embargo, la propia organización señala tener dificultades para «acceder a la información, que muchas veces no existen o no la entregan». Señala que «hay muchos casos en los que no se respeta la identidad de género ni el nombre de las víctimas», lo que dificulta la investigación y puede aumentar el riesgo de no ser notificado.
El informe muestra que casi todas las víctimas eran personas con identidad trans femenina, el 76 % eran negros, y el 52 % tenían entre 18 y 29 años.
El informe también menciona que Brasil sigue liderando el índice mundial del Trans Murder Monitoring que hace la organización Transgender Europe (TGEU).
En conversación con Global Voices, la organización europea dijo que puede haber divergencias entre su informe y el de Antra por la metodología usada, y que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 registró 96 muertes de personas trans en Brasil. La secretaria de Articulación Política de Antra, Bruna Benevides, afirma que las divergencias ocurren por el período de análisis y publicación de los recuentos.
Para Amanita Calderón-Cifuentes, representante de TGEU, de cualquier forma, el número de casos registrados siempre es menor al real principalmente por dos factores: bajo número de denuncias por falta de confianza de las personas trans en las autoridades y fallas en los registros de la Policía y la prensa, que muchas veces identifican a personas trans como hombres gais o mujeres lésbicas.
Por estas razones estamos convencidos de que el número real es mucho mayor.
(…) Creemos que las políticas y leyes sexistas, queerfóbicas y transfóbicas promovidas por el gobierno de Bolsonaro, llevaron a un creciente sentimiento trans-misógino que creció aún más en la cultura brasileña durante ese período. De la misma manera que vemos que sucede ahora con otros países, como Estados Unidos.
Conflicto entre los datos
No existe ningún censo o investigación sobre el perfil de la población LGBTQIA+ y la violencia en su contra realizado de fuentes oficiales o autoridades brasileñas.
Por lo tanto, los datos sobre el escenario dependen generalmente de encuestas realizadas por organizaciones e iniciativas civiles que no cuentan con el mismo aparato que el Estado y a menudo tienen sus propios enfoques. La propia Antra es una de las organizaciones que integran la Encuesta de Muertes y Violencia LGBTI+ en Brasil, que recientemente publicó la nueva edición del Dcumento sobre Muertes y Violencia LGBTI+ en Brasil.
Una investigación de 2021 del Instituto Brasileño de Transmasculinidades (IBRAT) y otras organizaciones dedicadas a la comunidad de hombres trans, por ejemplo, reveló que de los 1217 hombres trans entrevistados, el 12,7 % había completado la educación superior, mientras que el 11 % no había terminado la secundaria.
De los 1113 profesionales contratados en 2022 a través de Transempregos, el mayor y más antiguo proyecto de empleabilidad para personas trans en Brasil, el 38 % tenía al menos un título universitario.
En conversación con Global Voices, Márcia Rocha, primera consejera transgénero del Colegio de Abogados de Brasil en São Paulo y una de las fundadoras de Transempregos, dice:
Es necesario que haya una encuesta nacional o dentro del propio IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) que abarque al conjunto de la población. No tenemos esos datos (…). Es todo un contexto, pero necesitamos consultas más profundas y atentas sobre todas esas cuestiones, para no limitarnos a reproducir un discurso que no se corresponde con la realidad de hecho.
Rocha explica que la falta de datos oficiales puede dificultar aún más la visibilidad de esta población, y señala:
Brasil no es peor que otros países en relación a la violencia, en relación a la discriminación, a la falta de empleo. Es mejor que la gran mayoría, porque en el 40 % del mundo ser trans es un crimen, la relación homosexual es un crimen. En muchos otros no es un delito, pero es extremadamente represivo.
En Brasil, es (considerado un delito de) insulto racial atacar a una persona trans o travesti.
Calderón-Cifuentes afirma también que las cifras no permiten afirmar que Brasil sea el país más peligroso del mundo para las personas trans, ya que hay dificultades para obtener datos en países de otras regiones como África, Medio Oriente o Asia Central:
Hay una grave falta de datos sobre las comunidades trans en todo el mundo, y muy poca financiación para llevar a cabo la investigación necesaria. También hay muy poca representación de las personas trans en la investigación, que es fundamental para desentrañar la dinámica que subyace a la opresión que sufrimos a diario, ya que solo nosotros captamos plenamente las necesidades de nuestras comunidades y comprendemos verdaderamente a la población estudiada.
Y complementa sobre Brasil:
Lo que puedo decir sin lugar a dudas es que las personas trans sufren mucha violencia, discriminación y acoso en Brasil, y su Gobierno TIENE que tomar medidas al respecto para reducir el elevado número de asesinatos anuales. Ni UNA SOLA persona debería ser asesinada por su identidad de género. En Brasil llevamos más de 200 en los últimos dos años.
Papel del Gobierno federal
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), que asume en enero de 2023, trabaja en acciones dirigidas a la población LGBTQIA+, como la recreación del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación LGBTQIA+, extinguido por su antecesor Jair Bolsonaro (Partido Liberal).
Symmy Larratt, actual secretaria nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de las personas LGBTQIA+ del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, declaró al diario Folha de São Paulo:
Traducción Cita original
Tenemos que pensar en una política pública que pueda existir a nivel estatal y municipal, que sea atractiva para estas otras esferas de gestión (…). Es mucho más fácil dialogar con la sociedad si se habla de las necesidades más urgentes de la comunidad trans.
El documento de Antra también señala violaciones contra los derechos humanos de las personas transexuales: 142 casos en 2022. En opinión de la organización, la «política estatal de subregistro de la violencia lgbtifóbica» sigue siendo un problema.
Los planes sobre un censo para recoger información sobre esta parte de la población aún no han sido revelados, pero el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) y el Ministerio de Igualdad Racial (MIR) -este último dirigido por Anielle Franco, hermana de Marielle Franco, asesinada en 2018- se han comprometido con la comunidad queer brasileña.
A finales de enero, Antra presentó al Gobierno federal el más reciente documento sobre violencia contra las personas trans.
En la ocasión, el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, declaró:
Cuando hablamos de género y sexualidad, se nos acusa de identitarios. Yo les pregunto a estas personas si es posible construir un país con las cifras que vemos ahora.
¿Es posible construir un país apoyando el asesinato de personas por el mero hecho de ser quienes son? Si no tenemos la decencia de cambiar esa realidad, no merecemos ser un país.
